Pronunciamiento público 6 de diciembre de 2010 AMR 45/007/2010
Allanamiento a ONG sería en represalia por sus denuncias públicas sobre expedición científica
Amnistía Internacional expresa preocupación por las actuaciones del Estado en contra de Iniciativa Amotocodie, ONG que trabaja con grupos indígenas Ayoreo no-contactados en el Chaco paraguayo. Iniciativa Amotocodie fue allanada el 1 de diciembre último por el Ministerio Publico y la Policía Nacional, habiéndose abierto una investigación en contra de esta ONG. La organización había rechazado públicamente una expedición científica llamada “Chaco Seco 2010” porque podía afectar los derechos de pueblos indígenas no contactados. La expedición fue suspendida el 12 de noviembre por el gobierno paraguayo. Parecería que las acciones en contra de esta ONG y los defensores de derechos humanos que la conforman, serían en represalia a las denuncias que hizo en víspera de la expedición.
La organización considera, además, que una serie de errores procesales, además de interpretaciones equivocadas de la labor y competencias de una organización no gubernamental inherentes en sus acciones, ponen en duda la legalidad y la legitimidad de las actuaciones fiscales y judiciales realizadas.
En vez de cuestionar la planificación de una expedición científica que no prestó la debida atención al posible impacto en los derechos de grupos indígenas no-contactados, y sin emprender las debidas iniciativas para consultar previamente a otros grupos indígenas que podrían verse afectados, se está desviando la atención del tema de fondo, utilizando críticas a defensores de derechos humanos.
El pedido de allanamiento de la fiscalía se basa en una queja de un grupo de 16 líderes y miembros de comunidades Ayoreo que se hizo durante una reunión organizada por la propia Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio Público, supuestamente con el motivo de “informar” a la Unión de Nativos Ayoreo de Paraguay sobre la expedición científica. Durante esta reunión, se hace la queja que la organización Iniciativa Amotocodie presionó y engañó a otros líderes y representantes Ayoreo para que firmen un documento rechazando la presencia de los científicos, alegaciones que han sido rechazadas públicamente por la organización.
Las actas de estas reuniones, y los documentos firmados en contra de la expedición científica por diferentes líderes y representantes Ayoreo demuestran claramente la divergencia en opiniones sobre la expedición y su posible impacto. Pareciera que el Estado, al no asegurar la consulta previa, libre e informada de grupos indígenas que podrían ser afectados, estaría aprovechando de divergencias exacerbadas por sus propias omisiones, para fomentar críticas hacía uno de los múltiples actores en este panorama complejo. Este panorama se genera a raíz de diferentes intereses en la tierra y su uso que crean tensiones con los reclamos de los pueblos indígenas de asegurar su derecho a sus tierras ancestrales.
Este caso demuestra una vez más el vacío en la implementación en Paraguay de estándares internacionales relevantes a los derechos de los pueblos indígenas y la necesidad urgente de establecer procedimientos y criterios para procesos de consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas del país. Estos deben ser acordes con los estándares consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
Preocupa a Amnistía Internacional que estos hechos se dan en un ambiente de crecientes críticas a ONGs y defensores de derechos humanos en Paraguay, éstas basadas muchas veces en interpretaciones equivocadas y tergiversadas de su rol de defensa y fiscalización. Iniciativa Amotocodie, y otras organizaciones que defienden los derechos humanos, han visto sus laborescuestionadas en campañas de desprestigio fomentadas por algunos medios de comunicación desde hace tiempo.
La Declaración sobre defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, aprobada en 1998, establece la obligación de los gobiernos de reconocer y apoyar el trabajo crucial de defensores de derechos humanos, al igual que asegurar que puedan realizar su trabajo sin temor de represalias o amenazas.
Amnistía Internacional reconoce la responsabilidad de las autoridades paraguayas de investigar hechos punibles dentro del marco de la legalidad en el país, y deploraría cualquier acto de presión o engaño efectuado por autoridades o personas en cargos de confianza que se llega a comprobar de forma imparcial. Sin embargo, la organización de derechos humanos cree que las múltiples errores procesales cometidos hasta la fecha, vuelven infundamentada e insostenible la acción penal en este caso.
Entre los errores procesales cometidos, se encuentra la falta de fundamentación de la orden judicial para el allanamiento, la cual introduce nuevas figuras penales que no están citadas en la solicitud fiscal de apertura de la investigación. El carácter genérico de la orden de allanamiento, y el permiso que se da para “levantar todo tipo de evidencia”, permitió que los agentes fiscales incauten documentos sin ninguna relación a los hechos punibles citados. Es de preocupación, además, que en el marco del allanamiento se abrió correspondencia personal de integrantes de la organización, que nada tenían que ver con su trabajo o la denuncia efectuada.
Información complementaria
El proyecto “Chaco Seco 2010” fue organizado por el Museo de Historia Natural de Reino Unido, conjuntamente con el gobierno paraguayo (la Secretaría de Ambiente) y la ONG paraguaya Guyra Paraguay. En septiembre las autoridades paraguayas anunciaron públicamente la expedición por primera vez, aunque el planeamiento del proyecto estaba en curso desde hace más de un año. Luego de denuncias recibidas, la expedición fue suspendida.
El Chaco Paraguayo está habitado por diversas pueblos indígenas, algunas de ellos no- contactados. El Estado tiene la obligación de consultar con los pueblos indígenas cualquier proyecto que pueda afectarlos. Para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial existe un proyecto de directrices de protección preparada por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, conjuntamente con representantes estatales, organizaciones indígenas y otros actores, que sirven para guiar al estado Paraguayo en emprender acciones de consulta previa con estos grupos.
El 22 de noviembre la fiscal y directora de la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público, María José Irrazábal, ordenó la apertura de una investigación de los hechos de “simulación de un hecho punible” (Código Penal Art.291) contra Iniciativa Amotocodie, citando como antecedente al acta de una asamblea de líderes Ayoreos afiliados a la Unión de Nativos Ayoreo de Paraguay (UNAP) el 12 de noviembre donde ella estuvo presente “en vista a nuestra función protectora de los Derechos y de la voz de los pueblos indígenas, a fin de evitar que los mismos sean vulnerados”.
En el acta de la reunión entre la fiscalía y 16 líderes y miembros de comunidades Ayoreo, se hace referencia a las acciones realizadas por Iniciativa Amotocodie, alegando que la organización presionó y engañó a otros líderes y representantes Ayoreo para que firmen un documento rechazando la expedición el 25 de octubre.
En base a esta investigación preliminar se llega a dictar un mandamiento de allanamiento el 30 de noviembre. El mandamiento es de carácter genérico, ordenando el allanamiento “a los efectos de levantar evidencias documentales y materiales, cualquier información útil que se
relacionen con la presente investigación, proceder a la aprehensión de quienes puedan resultar partícipes y participantes del hecho punible investigado”. Sin embargo, es de notar que contiene dos cargos punibles – “lesión de confianza” (Art.192) y “omisión de aviso de un hecho punible” (Art.240) – que no estaban incluidos en el documento que abre la investigación.
El miércoles 1 de diciembre 2010 las oficinas de ONG Iniciativa Amotocodie fueron allanadas por representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional. El allanamiento se inició a las 14.30 de la tarde sin haber avisado a la organización, cuyos empleados no se encontraban presentes. Los efectivos de la fiscalía y la policía rompieron una ventana para poder entrar. Luego de una hora llegó una integrante de la organización, y más tarde otras personas afines a la ONG. A lo largo de 9 horas, se recopiló y confiscó archivos, computadores, documentos de la organización. Se entiende que los agentes fiscales llamaron a un periodista del periódico nacional ABC Color para que cubra el allanamiento.
Foto: http://noticias.prodigy.msn.com/internacional/articulo-bbc.aspx?cp-documentid=26366856