Hervi Lara B. Filósofo católico. Coordinador de la Comisión Etica contra la Tortura (CECT)-Chile. Delegado del Comité Oscar Romero.- Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL)
07.02.11 – Chile
“No importa que mañana las nubes oculten
el lucero al amanecer.
Estoy dispuesto a esperar contigo
a que pasen las últimas lluvias”.
(Bernardo Colipán, historiador y poeta mapuche).
Iquique, Chile, 5 – 7 de noviembre de 2010.
Exposición sobre el significado ético de la huelga de hambre de presos políticos mapuche, iniciada el 12 de julio de 2010.
Foro sobre derechos humanos.
Primera Asamblea General de Ciudadanos del Cono Sur.
Alianza para un Mundo Responsable, Plural y Solidario – Cono Sur.
Corporación AYUN.
La siguiente presentación corresponde a un extracto del Informe de Derechos Humanos 2010 de la Comisión Ética contra la Tortura (CECT)-Chile, entregado a las autoridades nacionales e internacionales, a la prensa, a las organizaciones sociales y a las personas de buena voluntad, el 26 de junio, Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura.
I. La razón la tienen unos. La fuerza la tienen otros.-
1.- “Llevan encadenados a hombres y mujeres indígenas y los usan de cebo para perros, para entretenerse mirando como los perros los destrozan. Destruyen las cosechas, queman las casas llenas de indios adentro, cerrando las puertas de manera que ninguno pueda escaparse”. (Brian Loveman, “Chile. The legacy of hispanic capitalism”. Cit. en Portales, F., “Los mitos de la democracia chilena”, Vol. 1, pág. 21).
2.- Es así como entre 1503 y 1660, llegaron al puerto de Sevilla 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, excediendo tres veces el total de las reservas europeas, sin incluir el contrabando. La riqueza arrebatada al Nuevo Mundo estimuló el desarrollo económico europeo y, hasta puede decirse, lo hicieron posible. Son los albores de la era de producción capitalista, tras el descubrimiento, conquista y colonización de América. Ha sido éste uno de los mayores genocidios de la historia, siendo también ésta la edad de hierro que sentó las bases de lo que vivimos actualmente y que nació bajo la nominación de Edad Moderna.
3.- La modernidad surgió de la confluencia de la Reforma, de la Ilustración y de la Revolución Francesa. De allí arrancan los procesos articuladores organizativos que nos rigen hasta hoy y que se expresan en una concepción burguesa del mundo; en el humanismo renacentista; y en el racionalismo y la técnica transmitidos por la escuela.
4.- Lo específico del pensamiento moderno radica en la autonomía de la razón; en el conocimiento reemplazando la visión universal; en el auge de la ciencia; en la desconfianza por la autoridad; y en la razón como único criterio de verdad.
5.- La razón es el medio destinado a dominar el mundo, desarrollando conocimientos útiles para la vida. El conocimiento se convierte así en ejercicio de poder. Y cuando este conocimiento, más tarde, se pone al servicio de la industria, nace la idea de “progreso”, que convierte al hombre en amo y señor de la naturaleza.
El éthos moderno está centrado en la dominación, gracias a la razón y a la capacidad de dominar los procesos naturales para servir a proyectos del hombre. La razón otorga autonomía y dominio sobre la naturaleza, sobre la historia y sobre los hombres que han desarrollado dimensiones diversas y, por eso, serán considerados inferiores.
6.- Así podría interpretarse el genocidio sufrido por los pueblos indígenas americanos y, para los sobrevivientes, la implantación de una extrema servidumbre. La violencia física, cultural y económica de los pueblos precolombinos son hitos fundacionales de sociedades en que la violencia física y simbólica ha sido estructural y constituyente.
Se calcula un millón de indígenas en lo que hoy es Chile a la llegada de los españoles, a mediados del siglo XVI. Al terminar ese siglo, no eran más de cuatrocientos mil, reducidos en su mayoría al sur del río Bío-Bío. El olvido de la verdad ha permitido la impunidad y, hasta ahora, “guardar un silencio bastante parecido a la estupidez”, como afirmara la Proclama Insurreccional de La Paz (16 – 7 – 1809).
7.- En América hay 42 millones de indígenas, víctimas del racismo inhumano. Para muchos de los “civilizados”, las poblaciones indígenas son un signo de atraso, una vergüenza, un vestigio del pasado.
No se valora su palabra, su cultura, su vida. No son tenidos en cuenta. No obstante, la justicia indica que hay que escuchar con respeto sus propuestas, antes de firmar nuevas leyes, así como hay que respetar sus territorios, su sistema jurídico y educativo, su método de elección de autoridades.
En fin, es una responsabilidad ética el reconocimiento de la personalidad jurídica de los aborígenes, tal como lo establece la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre de 2007. Pero la estructura social, política y económica imperante, basada en la explotación del hombre por el hombre, camina en rumbo contrario.
II Injusticias de siglos
8.- El poeta Elicura Chihualaf proporciona una respuesta a esta situación: “La tierra no pertenece a la gente. Mapuche significa Gente de la Tierra. Nos consideramos sus brotes, sus hijos e hijas. La Ñuque Mapu/Madre Tierra nos regala todo lo que necesitamos para vivir. ¿Qué hijo, qué hija, agradecido/agradecida no se levanta para defender a su madre cuando es avasallada? Nuestra lucha es una lucha por Ternura”.
9.- La etnia mapuche, que habitaba el territorio comprendido entre el río Choapa en el norte y las islas de Chiloé por el sur, opuso una larga resistencia a la conquista española. Aunque se vieron obligados a replegarse hacia el sur, lograron mantener la frontera en el río Bío-Bío durante más de dos siglos.
En 1641, el rey de España, en el Pacto de Quilín, reconoció la inviolabilidad del territorio y la autodeterminación mapuche al sur de este río, lo que fue ratificado por el Parlamento General de Negrete de 1803.
Más tarde, la naciente república de Chile, en 1825, en el Tratado de Tapihue, estableció que no violaría esta frontera.
10.- Sin embargo, este compromiso fue transgredido por el Estado de Chile mediante la “Pacificación de la Araucanía”, término eufemístico para denominar la ocupación del territorio al sur del Bío-Bío para incorporarlo a la agricultura, erradicando a los mapuche a reducciones a través de “títulos de merced”, quedando así confinados a 500 mil hectáreas, esto es, un 5% de su territorio original. El otro 95% de las tierras fue entregado a colonos extranjeros y chilenos.
Posteriormente, continuaron siendo víctimas de despojos a través de amedrentamientos y farsas judiciales, acrecentándose su proceso de pauperización.
11.- La Ley de Reforma Agraria, Nº 16.640, de 1967, permitió recién un incipiente proceso de recuperación de tierras y el otorgamiento de asistencia técnica y apoyo crediticio.
Durante el gobierno de Salvador Allende se creó el Instituto de Desarrollo Indígena y fueron restituidas 200.000 hectáreas a las comunidades mapuche.
El proceso de Reforma Agraria fue interrumpido por la dictadura militar que, además, persiguió a quienes habían participado en dicho proceso y fueron restituidas a sus antiguos dueños el 65% de las tierras recuperadas, algunas rematadas y otras pasaron a manos del Estado.
12.- En 1978 se dictó el DL 2.568 que determinó la parcelación de las tierras comunitarias de los mapuche, estableciéndose que “las hijuelas resultantes de la división de las reservas dejarán de considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños y adjudicatarios”. Así se buscó aniquilar la cultura mapuche, a lo que se sumó la expansión forestal que reemplazó a los bosques nativos por miles de hectáreas de monocultivos de especies foráneas, como el pino y el eucalipto.
Como reacción, la resistencia mapuche a la división de tierras se inició a través de Centros Culturales nacidos bajo el apoyo de la Iglesia Católica, lo que dio origen a la organización Ad Mapu. En 1987 se creó la Coordinadora Nacional Mapuche, que buscaba elaborar una propuesta constitucional que incluyera su reconocimiento como pueblo y el derecho a la autonomía.
Paralelamente y al alero del programa indigenista de la Comisión Chilena de Derechos Humanos se creó el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas que incluía, además de los mapuche, a organizaciones aymarás y de Rapa Nui.
Sus demandas fueron incorporadas al Programa de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, por lo que Patricio Aylwin firmó el Pacto de Nueva Imperial, el 1º de diciembre de 1989.
Aylwin se comprometió al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, a la creación de una corporación nacional de desarrollo indígena y a un fondo de etnodesarrollo, así como a la promulgación de una ley indígena y a la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT.
Por su parte, las organizaciones indígenas se comprometieron a apoyar al gobierno de la Concertación en los esfuerzos de democratización del país y a canalizar sus demandas por las vías institucionales. Este acuerdo sólo fue rechazado por el Consejo de Todas las Tierras, que buscaba la autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche.
13.- En mayo de 1990 fue creada la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), para la elaboración de un proyecto de legislación que fue discutido y aprobado en el Congreso Nacional de Pueblos Indígenas de enero de 1991. A partir de allí, ese mismo año, el gobierno presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley indígena, junto a un proyecto de reforma constitucional que consagraba el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, así como un proyecto para la ratificación del Convenio 169 de la OIT.
La discusión parlamentaria sustituyó los conceptos fundamentales de pueblos indígenas por etnias y territorios por áreas de desarrollo. Es así como la Ley Indígena (Nº19.253) promulgada en octubre de 1993, se redujo a la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), que ha posibilitado el traspaso de tierras. De esta forma, entre 1994 y 1999 se entregaron 122.141 hectáreas de tierras a comunidades indígenas. De ellas, 90.876 correspondieron a tierras fiscales y 31.265 hectáreas a predios en conflicto entre indígenas y latifundistas, que fueron comprados por el Estado. La reforma constitucional fue rechazada y la ratificación del Convenio 169 de la OIT quedó pendiente, para ser ratificado el 14 de octubre de 2008, entrando en vigor el 15 de septiembre de 2009.
14.- El gobierno de Frei sumó a lo anterior un proyecto nacional de desarrollo indígena de 280 millones de dólares. Pero, al mismo tiempo, implementó el proyecto de la central hidroeléctrica de Ralco en el Alto Bío-Bío, provocando el desplazamiento de varias comunidades pehuenche, quedando sus territorios, cementerios y lugares ceremoniales hundidos bajo el agua. A partir de este hecho, el pueblo mapuche, que había cumplido el acuerdo contraído con la Concertación de respetar las vías institucionales para canalizar sus demandas, optó por realizar acciones de protesta al margen de la ley.
Las comunidades más afectadas crearon la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). En diciembre de 1997 ocuparon un terreno forestal en Lumaco, para llamar la atención sobre su situación. Sus dirigentes, acusados de la quema de tres camiones madereros, fueron perseguidos y encarcelados. Esto gatilló una espiral de violencia en contra del Estado por discriminación y en contra de las empresas forestales que los privaban de sus medios de subsistencia.
A los comuneros detenidos y encarcelados se les comenzó a aplicar la ley de seguridad interior del Estado, limitando su posibilidad de defensa.
15.- En el 2001, durante el gobierno de Lagos, se creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, presidida por Patricio Aylwin. En octubre de 2003 emanó el Informe “Propuestas y Recomendaciones para un Nuevo Trato entre el Estado, los Pueblos Indígenas y la Sociedad Chilena”, además de describir las discriminaciones y daños inferidos a los pueblos indígenas, proponiendo medidas para revertir dicha situación, dejando constancia de “la especial importancia que para los Pueblos Indígenas reviste su reconocimiento como “Pueblos”, categoría que no es reemplazable en el ámbito del reconocimiento por ninguna otra expresión. Lo propio ocurre con la utilización y reconocimiento de “Territorios Indígenas”, concebido como un espacio jurisdiccional donde los Pueblos Indígenas hacen efectivos los derechos colectivos que son atribuibles a su condición de Pueblos”.
Las medidas sugeridas por la Comisión fueron:
a) Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
b) Concesión de derechos colectivos.
c) Derechos de autonomía para la gestión territorial.
d) Nueva institucionalidad para consulta y participación de los pueblos indígenas en las materias que les afectan.
e) Derechos de preservación de los bienes culturales.
f) Expropiación y traspaso de tierras en los casos de graves injusticias.
Esto es lo que continúan pidiendo hoy.
En cuanto al conflicto entre los mapuche y los actuales propietarios de las tierras que les fueron usurpadas, el Informe señaló que se trataba de “un problema público, que posee profundas raíces históricas”. Agregando que, para la restitución de estas tierras “recomienda que se favorezca la conciliación”. (…) “Sin embargo, no habiendo tal acuerdo, es opinión de la Comisión que debe procederse a la expropiación de la tierras correspondientes”.
16.- Estas recomendaciones no alcanzaron la realidad. Las medidas adoptadas por CONADI y el Programa Orígenes han sido insuficientes. Por ello, se incrementaron las
ocupaciones ilegales de terrenos y las acciones de protesta de comunidades mapuche, siendo criminalizadas y reprimidas de manera extremadamente violentas, llegándose a la aplicación de la Ley Antiterrorista promulgada por Pinochet.
17.- Michelle Bachelet asumió la presidencia en marzo de 2006. Con anterioridad, en enero de 2006, en Nueva Imperial, formuló compromisos similares a los contraídos en 1989: reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, participación efectiva en las instancias en las que se toman decisiones que les afecten, restitución territorial y respeto a su cultura y diversidad.
La CAM convocó a un encuentro amplio en Quepe, de donde surgió un documento unitario que fue entregado en enero de 2007 al gobierno, estableciendo las bases de una nueva relación entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Entre otros puntos, se señalaba que “sin nuestro consentimiento, el Estado Chileno sigue fomentando en Territorio Mapuche:
– La expansión forestal que arrasa con la tierra, con el agua y con la biodiversidad.
– El fomento de mega proyectos e inversión privada, como centrales hidroeléctricas, celulosas, pisciculturas, geotérmicas, privatización de parques.
– La industria salmonera.
– Las exploraciones y explotaciones mineras.
– La explotación pesquera y la privatización del borde costero.
– La construcción de carreteras y autopistas para la instalación de mega proyectos.
– La instalación de vertederos y plantas de aguas servidas.
– La construcción del aeropuerto de Temuco.
– La construcción de obras portuarias.
– La expansión urbana que amenaza los terrenos de nuestras comunidades.
– La criminalización y judicialización de nuestras demandas sociales”.
En síntesis, la propuesta exigía derechos políticos en torno a la libre determinación. Participación política. Tierras y control territorial.
18.- La política indígena publicada por la Presidenta Bachelet el 30 de abril de 2007, no acogió aquellos planteamientos, por lo que la Coordinación de Organizaciones Mapuches (COM), emitió una declaración pública en mayo de 2007, en la cual dio por finalizado el diálogo con la Presidenta, por haber ignorado la normativa internacional de derechos humanos y derechos indígenas, criminalizando las demandas territoriales y de autonomía, lo que le ha valido al Estado de Chile la crítica de organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional (2003); Human Rights Watch (2004); FIDH (2006); del relator especial de la ONU, R. Stavenhagen (2003); del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2004); del Comité de Derechos Humanos y del Comité de Derechos del Niño (2007).
19.- James Anaya, actual Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, ha señalado: “La autodeterminación no implica un Estado independiente para cada pueblo, ni tampoco implica que los grupos sin Estado sólo tengan recurso a los derechos individuales de sus miembros. Más bien, los pueblos como tales, incluso los pueblos indígenas con sus propias estructuras políticas y sociales, han de participar plenamente e igualmente en la construcción y funcionamiento de todas las instituciones de gobierno bajo las que viven a todo nivel”. (2006).
III Nuevo Orden Mundial.-
20.- A medida que los pueblos de la tierra entran cada vez más en una común “historia del mundo”, mayor importancia adquieren los derechos humanos para una naciente sociedad humana universal. Puesto que el mundo contemporáneo se basa no en la unión entre los seres humanos, sino en su separación, para así absolutizar el derecho a la propiedad privada. De allí proviene el énfasis en la seguridad como concepto supremo de la sociedad neoliberal y que se traduce en el control policial.
La propiedad privada de los medios de producción está fundada en la apropiación del trabajo de otros, a quienes esclaviza y aliena, y es la fuente de los conflictos sociales y mundiales. Es, entonces, incompatible con la libertad, la igualdad y la fraternidad, porque se acude a estos principios cuando se defiende la libertad de los propietarios de los medios de producción y del capital financiero y cuando se afecta a sectores medios y altos de las sociedades. De allí la repulsa hacia los derechos humanos, hacia sus defensores y hacia la protesta social, porque en la sociedad regida por el mercado no existen valores universales, sino intereses de clase.
Cuando los derechos humanos no se dan integrados, es signo de que enmascaran la injusticia, porque se pretende dar la apariencia de relaciones presididas por la libertad y la igualdad, como si éstas fueran ideas etéreas y separadas de la historia.
21.- Aunque se pretenda ocultar, la historia muestra los genocidios de Africa, del Oriente y lo acontecido durante la invasión de América de parte de los europeos: los colonizadores imponían su ley, se apoderaron de los recursos naturales, más tarde establecieron las repúblicas bananeras, o mineras, o cañeras, o petroleras, o salitreras, o cupríferas, con todos los resortes para mantener su dominio legalmente o por la fuerza.
En ese contexto se comprende la “Carta de dominicos y franciscanos”, escrita en Santo Domingo el 27de mayo de 1517, respecto de la violencia ejercida sobre los aborígenes y que, entre otros aspectos dice que “los habitantes de estas islas (…) van siendo destruidos y aniquilados por la violencia. Tanto, que se les puede aplicar el pasaje de Isaías: “se les han destruido los caminos y no existe el que pasaba por sus sendas”. (…). Sus cuerpos son maltratados con tanta dureza como el estiércol que se pisa en la tierra. (…). Estas gentes han sido destruidas, que se les ha pegado la piel a los huesos y está seca (…). El tiempo enseñará si se puede hacer con ellos otra cosa mejor. Por ahora, intentemos esto: que no desaparezcan. Van a la muerte en manadas”.
22.- ¿Es, acaso, distinto a lo que acontece hoy? ¿Cuál es la diferencia con nuestras conocidas empresas salmoneras, celulosas, mineras, frutícolas, hidroeléctricas, etc…, que son amparadas por las leyes y por las fuerzas armadas y policiales, mientras se apropian de las tierras y mares que han pertenecido a los pueblos originarios?
Es éste el efecto del Consenso de Washington, del Nuevo Orden Mundial, de la Guerra Preventiva. Friedich von Hayek, uno de los máximos ideólogos del neoliberalismo, ratifica la causa de lo antes señalado: “La evolución de una tradición que nos permitió construir un orden amplio de colaboración internacional, exigió la represión gradual de dos instintos básicos: altruismo y solidaridad”. (…). “Fue la evolución de la propiedad, de los contratos, de la libertad con respecto a lo que pertenece a cada uno, lo que se transformó en la base de la civilización”. (…). “Todos los nuevos desarrollos se deben a lo que podemos llamar “individualismo” o escape de algunos a la obligación de compartir”. (…) “Se fue reconociendo como materia de derecho el que cada individuo tenía sus dominios privados que podía usar para alcanzar sus propios propósitos”. (“Los fundamentos éticos de una sociedad libre”, en “Estudios Públicos”, Nº 3, julio de 1981, pág. 69).
23.- En el llamado Nuevo Orden Mundial, formalmente la resolución de los conflictos se da en el G-8, que ejerce su poder en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el FMI, en el BM, en la OMC. Su efecto ha sido la desaparición del trabajo asalariado, el empeoramiento de la distribución, la absolutización del capital sobre el trabajo, la idolatría del lucro sobre la solidaridad, la destrucción de los Estados y de las organizaciones sociales, la imposición de la privatización como dogma, la abdicación de la política. Luego, los gobiernos deben ocuparse de mantener en orden las cuentas macroeconómicas, pues si no es así, son sancionados por los organismos financieros internacionales. De esta forma, la política se ha subordinado a la economía.
Para que el capital financiero concentre aún más la riqueza, se usa la fuerza. Y se ha pasado, entonces, desde la Guerra Fría a la Guerra Preventiva.
24.- Después de los atentados del 11-9-2001, Busch impuso este proceso tras afirmar: “La libertad y la democracia han sido atacadas (…). El terrorismo contra nuestro país no quedará impune. Aquellos que han cometido estas acciones y aquellos que los protegen pagarán un precio muy alto por lo que han hecho. (…). La guerra que nos espera es una lucha monumental entre el bien y el mal. (…). Será larga y sucia. (…). Aquellos que nos han atacado han elegido su propia destrucción. (…). O se está con nosotros o con el terrorismo. (…). Dios está con nosotros. (…). Dios bendiga a América”.
Así se plasma el “destino manifiesto”, Pueblo Elegido, Eje del Bien, destino divino que ha configurado la búsqueda de nuevos territorios y mayor poder, que ya en 1997 se había formulado en el “Proyecto para el nuevo siglo de USA”, con la finalidad de “concentrar esfuerzos para preparar el nuevo liderazgo mundial de USA”, para una “nueva política de fortaleza militar y rearme moral”, siendo consagrada en la nueva Doctrina de Seguridad Nacional presentada por Busch el 20 de septiembre de 2002 y que se sintetiza en cuatro puntos:
a) USA define quién es terrorista: aquella organización o Estado que atente contra los intereses de USA en cualquier lugar del mundo o ponga en peligro el suministro de materias primas esenciales como petróleo, gas, uranio y agua.
b) USA tiene el armamento más poderoso y mortífero del mundo. Es el único país que tiene derecho a tenerlo. Cualquier país o grupo de países que pretendan equipararse, serán considerados terroristas.
c) USA se someterá a las decisiones de los organismos internacionales cuando estime que dichas decisiones están de acuerdo con sus intereses. En caso contrario, USA se considera con el derecho y con el deber de actuar por su cuenta y unilateralmente.
d) USA se considera con el derecho de juzgar a los otros países, no según los hechos, sino según sus presuntas intenciones. Su actuación será en legítima defensa, aunque no haya habido ataque previo.
25.- Tras la reciente y aún en curso crisis financiera, los gobiernos de países ricos (y también de países gobernados por “nuevos ricos”, como Chile), inyectaron dinero en abundancia a Bancos en quiebra y a economías perdidas. Los ricos han causado la mayor parte de la destrucción, pero son los pobres quienes sufren las peores consecuencias. Los gobiernos han renunciado a la regulación económica y financiera para favorecer al mercado. Es así como miles de millones de personas sufren inseguridad, injusticia y humillación. Es ésta una crisis de derechos humanos que, para ser superada, debe ponerse fin a las alianzas forjadas entre gobiernos y empresas con afán de enriquecerse a expensas de los sectores marginados.
26.- En este contexto, los derechos humanos se han visto relegados a un segundo plano, mientras la globalización ha ido generando un crecimiento “esquizofrénico”, pues las consecuencias han sido claras: aumento de la desigualdad, marginación e inseguridad. Represión de las protestas. Ausencia de justicia de parte de los responsables de los abusos (gobiernos, grandes empresas e instituciones financieras internacionales). Las medidas adoptadas para neutralizar la crisis van en la dirección de reforzar el sistema que la creó, jamás en la dirección de cuestionar la viabilidad del actual modelo.
Una expresión de la injusticia es la connivencia entre las empresas y el Estado para privar a las personas de sus tierras y de los recursos naturales, dejándolas sumidas en la pobreza, como es el caso de los mapuche.
IV El “conflicto” mapuche.-
27.- Hoy es innegable e irreversible la visibilidad de pueblos indígenas y de sus movilizaciones para lograr espacios reales dentro del quehacer político y no como objetos asimilados a la cultura moderna citadina. Esto significa que una de las conquistas reivindicadas por los indígenas es el poder “hablar con voz propia”, buscando constituir un Estado pluricultural y multiétnico.
Los indígenas demandan derechos políticos, sociales y culturales, que incluyen derecho a la tierra, a sus formas de gobierno, fomento de sus lenguas, protección del medio ambiente, de los recursos naturales y participación en el gobierno del Estado. (“Umbrales”, Nº 209, Montevideo, junio 2010). Pero, “si las empresas transnacionales se han adueñado de los recursos naturales de este país, es porque el Estado chileno lo ha permitido y porque nosotros hemos dejado que lo hagan”. (Maturana, Humberto, “El Ciudadano” Nº 83, pág. 3).
28.- En este marco se gestó la huelga de hambre de 34 presos mapuche, procesados por la Ley Antiterrorista. Ellos exigen que no se les aplique la legislación antiterrorista.
A partir del 12 de julio de 2010, 34 presos mapuche mantuvieron una huelga de hambre indefinida, exigiendo del Estado poner fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista en causas que les involucran; poner fin a su procesamiento paralelo por la justicia militar; y las desmilitarización de sus comunidades.
Hasta hoy, existen 58 personas mapuche o simpatizantes de su causa, procesadas o condenadas bajo dicha ley por reivindicar sus tierras o sus derechos políticos. De ellas, cinco se encuentran condenadas, 42 en prisión preventiva y once cumpliendo medidas cautelares en libertad.
Las acusaciones que se les imputan o por los que cumplen condenas son incendios terroristas; amenazas terroristas; homicidio frustrado; asociación ilícita terrorista; asociación ilícita para hurto y robo de madera; atentado contra la autoridad; robo con intimidación; atentado a transporte público; tenencia de armas de fuego; daños calificados; obstrucción a la justicia; incendio común; amenazas condicionales; violación de morada; infracción a la ley de control de armas.
29.- La Ley 18.314, Ley de Conductas Terroristas (Ley Antiterrorista), promulgada en dictadura, en 1984, ha sido aplicada por casi una década en forma casi exclusiva a los mapuche. Esta ley establece tipos penales muy amplios, que posibilitan su aplicación a hechos que nada tienen que ver con terrorismo, y que pueden ser juzgados y sancionados por la legislación penal ordinaria. Además, no garantiza el debido proceso al permitir la mantención del secreto de la investigación por largos períodos, la existencia de testigos sin rostro, e impedir la aplicación de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva. También aplica elevada penalidad, y que duplica en varios casos aquella establecida en la legislación ordinaria.
Es también una exigencia la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar, lo que ha sido exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005 y 2006), lo que se ha materializado sólo a raíz de la huelga de hambre.
Los presos mapuche alegan que la aplicación de la Ley Antiterrorista aumenta las penas con que el Código Penal sanciona delitos terroristas en 1, 2 y 3 grados.
En su origen, con dicha Ley la dictadura pretendía desarticular los grupos organizados, por lo que actualmente otorga facultades a los fiscales para incomunicar, detener hasta por 10 días antes de formalizar (en lugar de 12 a 24 horas), interceptar comunicaciones, usar testigos protegidos. Todo esto es extensivo a los delitos sexuales y de drogas.
Además, el Presidente de la República pierde la facultad de indultar, de acuerdo al artículo 9 de la Constitución.
30.- La huelga de hambre iniciada el 12 de julio fue en las cárceles de Temuco, Concepción, Lebu, Angol y Valdivia. La prensa no hizo mención a esta situación por más de un mes.
El 21 de agosto, el Arzobispo de Concepción, Monseñor Ricardo Ezzati, se reunió con cinco de los 32 comuneros que, hasta entonces, estaban en huelga de hambre, comprometiéndose a dialogar con las autoridades y presentarles sus reclamos. Dos días más tarde, la Corte de Apelaciones de Concepción autorizó a Gendarmería a alimentar por la fuerza a ocho comuneros en las cárceles de Concepción y Lebu. El 24 de agosto,
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la Corte de Apelaciones de Temuco autorizó a Gendarmería a internar en centros de salud a los huelguistas de Temuco y Angol. El 30 de agosto, Parlamentarios de la Concertación llamaron al gobierno a instalar una Mesa de Diálogo.
El 1 de septiembre, se sumaron a la huelga de hambre dos mapuche recluidos en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename).
El 2 de septiembre se reunió un millar de personas en una marcha de apoyo a los mapuche, por el centro de Santiago.
El 8 de septiembre, Piñera llamó a los mapuche a deponer la huelga de hambre.
El 9 de septiembre, la Iglesia Católica instó a los poderes del Estado a solucionar el conflicto mapuche.
El 10 de septiembre, el gobierno condicionó la Mesa de Diálogo a que los mapuche depusieran la huelga de hambre. Mientras, la Comisión de Constitución del Senado analizó la reforma a la Ley Antiterrorista. Finalmente, el Congreso aprobó la reforma modificando la presunción en el delito terrorista, puesto que no existía la presunción de inocencia. Esto significaba que tras la acusación de la Fiscalía, se debía demostrar que no se era terrorista. Hubo polémica por la inclusión del delito de incendio, que había sido incluido en la segunda modificación de la ley, en 1991.
El 14 de septiembre, el Arzobispo de Concepción aceptó la función de facilitador del diálogo.
El 17 de septiembre, Piñera anunció la instalación de la Mesa de Diálogo.
El 22 de septiembre, el líder de la CAM pidió al Secretario General de la ONU que intervimiera en el conflicto.
El 23 de septiembre, en la ONU, Piñera reiteró su llamado a deponer la huelga, mientras el Arzobispo Ricardo Ezzati se reunió con el Ministro Larroulet.
El 24 de septiembre se instaló la Mesa de Diálogo en Temuco, mientras continuaba el diálogo entre el gobierno y los huelguistas. No obstante, la citada Mesa de Diálogo estuvo centrada en el Plan Araucanía del gobierno de Piñera, relativo a las actividades económicas de los pueblos originarios.
31.- Según “El Mercurio” del 26 – 9 – 10, “el gobierno resistió una negociación con el grupo de huelguistas en defensa de la institucionalidad jurídica y en rechazo a una medida de presión y fuerza ajena a una democracia, que puede sentar un precedente de vastas consecuencias”.
No obstante, el gobierno cedió ante las autoridades eclesiásticas, ofreciendo el retiro de cuatro querellas interpuestas por el gobierno de Bachelet invocando la Ley Antiterrorista. Esto ha tenido sentido simbólico y efecto político, pero escaso alcance jurídico, puesto que la Fiscalía Nacional anunció seguir aplicando la Ley Antiterrorista, no viéndose afectada por la decisión del Ejecutivo.
Días más tarde, el Fiscal Nacional flexibilizó su postura tras la actitud distinta del Presidente de la Corte Suprema.
32.- Es válido recordar que Lagos, Jorge Correa y el general de Carabineros Alejandro Bernales (fallecido en un accidente aéreo en Panamá), pusieron en marcha la Operación Paciencia en La Araucanía. En el 2003, fueron apresados 26 dirigentes de la CAM, para quienes el gobierno de Lagos pidió fueran condenados por asociación ilícita y terrorismo, lo que no fue acogido por los Tribunales.
Los mapuche en huelga de hambre fueron acusados por el gobierno de Bachelet, en 2008. Las acusaciones fueron por el ataque al fiscal Mario Elgueta, en octubre de 2008.
Por el asalto a la plaza de peaje de Quino, en la ruta 5 Sur. Por la quema de la casa, de los galpones y de la maquinaria del fundo de Eduardo Luchsinger, en agosto de 2008. En septiembre de 2010, fue formalizado un grupo de mapuche acusado de asalto a un bus interprovincial, con 53 pasajeros y la quema de camiones en la carretera, en julio de 2009.
33.- Respecto de algunos mapuche que han sido condenados: Pascual Pichún y Aniceto Morin fueron condenados a 10 años y un día por amenaza e incendio terrorista de los bosques de los fundos Nancahue y San Gregorio, de propiedad de Juan Agustín Figueroa, quien fuera Ministro de Agricultura del gobierno de Aylwin. (Abril de 2003).
En agosto de 2004, fueron condenados a 10 años y un día Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Juan Marileo, Juan Millacheo y José Huenchunao, por incendio terrorista del bosque de Piduco Pidenco, de Forestal Mininco, del grupo Matte. Millacheo y Huenchunao estuvieron prófugos y comenzaron a cumplir la pena más tarde. En abril de 2005, Juan Huenulao recibió la misma pena. Otros cinco incriminados fueron absueltos o condenados por incendio común. En marzo de 2008, Patricia Troncoso fue trasladada a Angol, junto a dos de sus compañeros, después de haber realizados dos huelgas de hambre. En octubre de 2004, la cúpula de la CAM fue absuelta por la Corte Suprema al confirmar la inocencia por falta de pruebas. Por su parte, Héctor Llaitul, jefe de la CAM, arriesga sufrir penas por 103 años.
No es posible olvidar las muertes de jóvenes mapuche a manos de Carabineros en medio de tantos acontecimientos: Lemún, Catrileo y Mendoza Collío.
V.- A modo de conclusión.-
34.- El Estado de Chile está en deuda con el pueblo mapuche. Las acciones violentas son una reacción ante el fracaso del diálogo con el Estado. Por tanto, deben adecuarse la legislación y las políticas públicas al Derecho Internacional que establecen el Convenio 169 de la OIT, ratificado el 15 de septiembre de 2008, y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de la ONU.
35.- Las exigencias de derechos fundamentales son:
a) ser reconocidos como pueblo y no sólo como “etnia”.
b) Derecho al territorio y a los recursos que tradicionalmente han poseído.
c) Determinar libremente su desarrollo económico, social y cultural.
La movilización por estas demandas son legítimas y no pueden ser consideradas actos terroristas. Terrorismo es “cualquier delito que se realiza con el fin de atemorizar a la población, o a un sector de ella, para crear condiciones propicias a su pensamiento o credo”.
No obstante, cualquier delito (incluyendo el delito terrorista) , debe tener todas las garantías procesales del Estado de Derecho, tales como el debido proceso, la adecuada defensa, la presunción de inocencia, el derecho a la libertad provisional, la necesidad de que la culpabilidad sea probada para emitirse condena.
36.- Ninguna de las condiciones mínimas se han dado en torno a las demandas del pueblo mapuche. Por tanto, se presentan no sólo aberraciones jurídicas, sino principalmente transgresiones éticas.
Existe una visión sesgada sobre el pueblo mapuche. El Estado y la cultura de Chile consideran, erróneamente, que la oposición del pueblo mapuche a la sociedad chilena es “simétrica”, en el sentido de que sería un grupo que desobedece la ley, que es igual para todos.
No se comprende que el pueblo mapuche ha adquirido conciencia de sí y pide reconocimiento a su cultura, que es distinta y, a la vez, igual en su valor a la chilena. Esa situación antropológica debería expresarse tanto en el espacio institucional como en el público.
37.- La enseñanza de la historia de Chile ha insistido en que este país constituye una unidad cultural y étnicamente homogénea, enraizada en la hispanidad, como si lo indígena nunca hubiera existido. Es por eso que las exigencias de los mapuche son vistas como atentados a la integridad nacional, que comprometen la seguridad y la existencia de un país que es considerado “ejemplo” de democracia ante el mundo.
38.- La idea del derecho surgió en presencia de la debilidad humana, como defensa ante la amenaza de otros. El juez se originó para salvar de la injusticia a los oprimidos, pues existe una exigencia primaria de su defensa. Por ello, en el mismo origen del derecho hay una parcialidad hacia el débil que, para vivir, tiene que llevar una pesada carga y una difícil tarea, porque otros le impiden vivir. El derecho a la vida no es algo añadido a la naturaleza humana, sino que es una forma de afirmar la sacralidad de la vida.
Los mecanismos que amenazan la vida de las mayorías oprimidas han cambiado en relación a los pueblos antiguos, pero sus consecuencias no han desaparecido. Por eso es relevante retornar al origen del derecho como defensa de la vida amenazada. Los mapuche y todos los explotados esperan un “juez justo” que les proporcione protección contra los actuales mecanismos, perversos e impersonales, de empobrecimiento y de muerte.
39.- Lejos de actitudes paternalistas, es posible la organización de los explotados para vivir. La dignidad se recobra cuando el oprimido decide tomar en sus manos su propio destino, comprometiéndose e, incluso, arriesgando la propia vida para que otros vivan, así como la alegría de dar pasos para vivir con la dignidad que toda persona y todo pueblo merecen. Para ello, hay que revertir la historia, con los oprimidos, utópica y esperanzadamente. La historia no es una fatalidad, sino que depende de nuestra acción. Nuestro principal enemigo para revertir la historia es el miedo, que es una jaula invisible. “Miedo a perder el trabajo, miedo a no encontrarlo, miedo de hablar, miedo de escuchar, miedo de leer. En el país del silencio, se puede terminar en un campo de concentración por culpa del brillo de la mirada”. (…) “La censura triunfa de verdad cuando cada ciudadano se convierte en el implacable censor de sus propios actos y palabras. La dictadura convierte en cárceles los cuarteles y las comisarías, los vagones abandonados, los barcos en desuso. ¿No convierte también en cárcel la casa de cada uno?”. (Galeano, Eduardo, “Días y noches de amor y de guerra”, Alianza Editorial, pág. 89).
40.- El ejemplo del pueblo mapuche nos obliga a tener la visión de una tierra con la explotación abolida, con la riqueza justamente distribuida, en un mundo sin terror, ni pordioseros, ni prostitución, ni mercenarios. No habrá libertad mientras haya libertad de explotar a otros. No habrá libertad mientras haya clases sociales y propiedad privada de los bienes que pertenecen a todos. No hemos nacido para ser peones ni patrones, ni “blancos” ni “indios”, sino para la solidaridad. El sistema impuesto por la fuerza no es otra cosa sino compra-venta de personas.
La huelga de hambre de los presos políticos mapuche nos impulsa a arrancar los cercos de la injusticia, hasta que cada uno sea valorizado no por lo que quita, sino por lo que da a los demás.
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